Empresas mineras chinas en Perú: derechos laborales y medio ambiente

Nota: este artículo forma parte del libro «136: el plan de China en América Latina». Aquí tienes más información sobre este fascinante viaje al nuevo rol de China como superpotencia. En el libro se habla en mucha más profundidad de las relaciones entre Perú y China, y en particular de las consecuencias laborales y medio ambientales de las empresas mineras chinas.

¿Son peores las empresas mineras chinas?

Aunque anteriormente hemos hablado de Chinalco y de las más recientes inversiones chinas en Perú, la primera empresa minera del gigante asiático llegó al país sudamericano ya en 1992. Ese año, en medio de una enorme inestabilidad política y económica, el gobierno de Alberto Fujimori puso en marcha la privatización de la empresa estatal Hierro Perú, ubicada en la localidad de San Juan Marcona. Durante décadas, esta compañía había sido pionera de la minería peruana y la única productora de hierro del país, pero por aquel entonces atravesaba problemas económicos y el gobierno decidió ponerla en venta. Se comenzaba a aplicar el modelo económico basado en la explotación de minerales por grandes multinacionales extranjeras que marcaría la historia del país hasta nuestros días.

Cuando se hizo la subasta pública de Hierro Perú en 1992 se presentaron once empresas y, para sorpresa de todos, entre ellas había una china: Shougang. No sólo eso, sino que esta compañía, de la que nadie había oído hablar jamás en Perú, era con mucha diferencia la que ofrecía más dinero. Cuando se le preguntó al principal sindicato de trabajadores, éstos vieron con buenos ojos pasar a manos chinas. Por un lado, la otra empresa con posibilidades de hacerse con Hierro Perú era chilena, algo que no gustaba a los trabajadores peruanos debido a la rivalidad histórica con el vecino del sur desde la Guerra del Pacífico (1879-1883); por otro, a los sindicalistas les seducía la llegada de una empresa procedente de un país comunista, que sin duda debería beneficiar a la clase trabajadora. “Nosotros no quisimos nada con Chile y tomamos bien a China. Porque allí la política de los chinos es que no hay arriba y abajo. Allí todos son tratados igual. Eso pensábamos nosotros”, me explicó Manuel Acuña, el actual secretario general del sindicato de Shougang Hierro Perú.

Casi 25 años después de la adquisición, las cosas no salieron como este líder sindicalista pensaba. Todo el mundo en Perú conoce hoy a Shougang, pero no precisamente por ser el campeón de los derechos laborales. Manuel Acuña lidera todos los años huelgas y manifestaciones para exigir salarios más altos, mejores condiciones de seguridad e inversiones en maquinaria moderna. Además, los habitantes de San Juan Marcona (en el departamento de Ica), donde se encuentra esta tradicional mina de hierro, se quejan de la mala calidad de las infraestructuras y del escaso compromiso que la compañía tiene con el desarrollo social de esta localidad de 18.000 habitantes.

El malestar entre el sindicato y la empresa es tan intenso que ha degenerado en una batalla continua. Cuando visité San Juan Marcona el 26 de mayo de 2015, frente a las oficinas de Shougang todavía podían verse los restos de un coche calcinado. Un día antes, un vecino de la localidad de 38 años, Luis Quispe Chumpi, había fallecido de un tiro en la cara tras el enfrentamiento con la policía. Lo sorprendente es que nadie allí consideraba todo esto como algo excepcional; este tipo de enfrentamientos violentos se ha convertido en algo frecuente (casi anual) en San Juan Marcona.

La conflictividad en esta mina de hierro le ha valido a Shougang una pésima imagen entre los peruanos, que la han definido como “la bestia de Marcona” o “la oveja negra de la inversión privada”. Por extensión, muchas empresas chinas son vistas con suspicacia en Sudamérica, consideradas como malas empleadoras, poco transparentes y menos respetuosas de los derechos laborales y el medio ambiente.

El relato que hemos hecho de Morococha deja también muchas dudas sobre la actuación de Chinalco. Como hemos visto, los habitantes de Morococha Antigua se quejan de chantajes y presiones para abandonar sus casas, el alcalde Luis Arias denuncia el incumplimiento de los compromisos asumidos por Chinalco y los vecinos de Nueva Morococha se enfrentan a la falta de oportunidades económicas.

Está claro que la actuación de las mineras chinas está causando estragos en las condiciones sociales y medioambientales de las regiones donde actúan. Pero, ¿cómo se comparan con otras empresas del sector? ¿Son realmente las empresas chinas peores que las demás? ¿Supone su actuación en Perú una “particularidad china”?

¿Incumplen más derechos laborales y sociales las mineras chinas en Perú y América Latina?

Tal vez sea demasiado pronto para responder a esta pregunta. La mayoría de proyectos chinos en Perú todavía no están en funcionamiento o llevan muy poco tiempo operativos (como el de Toromocho o Las Bambas). En otros países como Brasil, las mayores inversiones chinas han sido adquisiciones accionariales (por ejemplo, el 40% de la española Repsol Brasil) y no implican un cambio de manos en la gestión de las operaciones.

Además, hablar de “empresas chinas” o “proyectos chinos” es complicado: cada una de ellas tiene su propia forma de entrada al país y sus propias dinámicas internas. No son lo mismo el proyecto de Shougang, que compró en 1992 una empresa estatal en bancarrota, que el de Chinalco, que en 2008 comenzó desde cero.

A pesar de estas limitaciones, varios expertos llevan años intentando responder a la pregunta. Entre ellos destacan Amos Irwin y Kevin P. Gallagher, quienes en un influyente y detallado estudio han comparado la actuación de Shougang (probablemente la que cuenta con peor reputación en toda América Latina) con la de otras compañías del mismo sector y similar tamaño.

Tras analizar indicadores objetivos en materia de medio ambiente, condiciones laborales y repercusión en las comunidades locales, la compañía china se situó en una posición intermedia. De hecho, en este estudio de cinco empresas, la peor parada era Doe Run, una compañía estadounidense que había tenido el doble de muertes por accidente que Shougang. “Lo que nosotros hemos encontrado es que aunque Shougang se desempeña peor que otras empresas extranjeras en algunos indicadores, no destaca por tener un inusual impacto negativo medioambiental o social”, explican Irwin y Gallagher.

El caso de Chinalco ofrece algunas diferencias con Shougang. Como explicaban algunos de sus empleados (y confirman las estadísticas), la empresa ofrece buenos sueldos (ligeramente por encima de la media), ha traído consigo maquinaria moderna, ha tenido pocos accidentes laborales, la mayoría de sus trabajadores son peruanos y las condiciones en el campamento de Tunshuruco recuerdan a las de un hotel de cuatro estrellas. “Muchas empresas chinas han visto Shougang y quieren aprender de esos errores. Las empresas chinas que hemos visto nosotros no solamente están contratando personal nacional, sino que están respetando los derechos laborales por encima del promedio de la industria”, explica Cynthia Sanborn.

Otros expertos en las industrias extractivas en Sudamérica han llegado a conclusiones similares. Para Rubén González Vicente, las diferencias entre las compañías chinas y otras multinacionales del sector son más bien escasas. “A veces se exagera la conflictividad alrededor de los proyectos chinos y no se contrasta con lo que hacen otros países. En Perú hay una historia de conflictos mineros interminable. Es un sector muy problemático. Y las empresas chinas, al menos en Perú, están en la media: las hay mejores y las hay peores”, afirma este investigador.

Perú y la minería: numerosos conflictos antes de la llegada de empresas chinas

Como explica Ruben González Vicente, la conflictividad en la minería peruana no ha llegado de la mano de las empresas chinas. Uno de los proyectos más polémicos y mediáticos de la historia reciente, la mina Conga (en la región de Cajamarca), se enfrentó durante años a la oposición del gobierno regional y las comunidades indígenas ante la posible destrucción de cuatro lagunas naturales. Las protestas durante el año 2012 derivaron en enfrentamientos violentos con la policía, bloqueos de carreteras, decenas de heridos y cinco muertos. Detrás del proyecto no estaba una empresa china, sino la estadounidense Newmont y la peruana Buenaventura.

Durante mi estancia en Perú, hubo otro caso que monopolizó la atención mediática: Tía María. Mientras yo investigaba las consecuencias sociales y mediambientales de las empresas chinas, todos los días los periódicos llevaban en sus portadas imágenes de incendios, gases lacrimógenos y barricadas en torno a este proyecto minero en el departamento de Arequipa. Entre abril y mayo de 2015, el enfrentamiento fue tan grave que el gobierno decretó el estado de emergencia y envió al ejército. Sólo en estos dos meses hubo centenares de heridos y cuatro muertos. La empresa que entonces estaba en la piqueta de la opinión pública (a la que se criticaba por su falta transparencia, chantajes, represión y destrucción del medioambiente) era Southern Perú, del Grupo México.

Este contexto sirve para poner en perspectiva los abusos que las mineras chinas cometen en Sudamérica. Según los datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), en 2016 había un total de 39 conflictos mineros en Perú, de los cuales tres (el 7,6%) tenían relación con una empresa china (dos de estos conflictos, en Río Blanco y Las Bambas, habían comenzado ya antes con una compañía británica y otra suiza). Entre los conflictos más graves había involucradas empresas estadounidenses (Newmont, Doe Run), peruanas (Buenaventura, Volcan) y canadienses (Hudbay, Laconia South America).

Aunque la falta de escrúpulos de las multinacionales (incluidas las chinas) juega un rol importante en todos estos conflictos, muchos otros están relacionados con las condiciones políticas, económicas y sociales de Perú. Las privatizaciones de los años 90 estuvieron envueltas en corrupción y todavía hoy la mayoría de explotaciones están en manos extranjeras, lo que repercute en menor medida en la economía nacional. Las regiones donde hay más minería (los Andes y la Amazonía) son precisamente las más pobres y con mayor población indígena, mientras que los que más se benefician de las inversiones suelen ser las elites blancas de Lima. Existe la sensación de que hay mucha gente enriqueciéndose con la minería, pero casi siempre son los mismos.

La debilidad de las instituciones peruanas también contribuye al conflicto. En muchas ocasiones, en lugar de actuar como un árbitro justo y objetivo, el gobierno se alinea sistemáticamente con los intereses de las empresas. En otras, el gobierno central y los gobiernos regionales (o incluso municipales) se pelean entre sí por la distribución de la renta minera. Si a esto se une la corrupción generalizada (incluidos jueces y policías), la ausencia de servicios públicos de calidad, los débiles vínculos con la economía local, la contaminación, las altas expectativas creadas en torno a la minería o la competencia por recursos como la tierra y el agua… el resultado es un cóctel explosivo. En 2015, de todos los conflictos socioambientales de Perú, el 64,9% tenía que ver con la minería (link al informe en pdf).

Conflictos sociales como el de Morococha, por lo tanto, responden en gran medida a la problemática historia de Perú, a la fragilidad de sus instituciones y al modelo económico elegido por sus gobernantes. Más que exportar las condiciones de China, lo que hacen sus empresas es adaptarse al marco del país del destino. En este sentido, las compañías del gigante asiático parecen seguir el ejemplo de otras empresas occidentales. Y el resultado es igual de malo.

Nota: este artículo forma parte del libro «136: el plan de China en América Latina». Aquí tienes más información sobre este fascinante viaje al nuevo rol de China como superpotencia. En el libro se habla en mucha más profundidad de las relaciones entre Perú y China, y en particular de las consecuencias laborales y medio ambientales de las empresas mineras chinas.

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